RESUMEN: Varios países de América Latina, como Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica y República Dominicana, ya tienen normativas en etapa de implementación para crear y mantener registros de Beneficiarios Finales, es decir, los verdaderos dueños de las empresas, que hoy suelen esconderse en una maraña de “cascadas”. Chile, en cambio, carece de la regulación respectiva, lo que genera problemas de transparencia, facilita la colusión pues nunca se sabe si acaso dos empresas tienen o no los mismos o similares dueños, crea riesgos de corrupción y sobre todo…. dificulta la prevención de la evasión tributaria. Ayúdanos a promover esta legislación. Convérsalo con empresarios y parlamentarios. Los empresarios honestos se verán muy beneficiados con esta transparencia.
*Esta columna la firmamos en La Tercera: Máximo Aguilera, Alejandro Barros, Raphael Bergoeing, Eduardo Bitrán, Jorge Burgos, Andrea Butelman, Rafael del Campo, Carlos Castro, José Luis del Río, Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro, Felipe González, Pablo González, Marina Hermosilla, José Inostroza, Mauricio Jara, María Jaraquemada, Guillermo Larraín, Osvaldo Larrañaga, Randall Lederman, Juan José Lyon, Macarena Lobos, Andrés Meirovic, Ana María Montoya, Jorge Nazer, Gina Ocqueteau, Enrique Paris Horvitz, Horacio Pavez, Verónica Pinilla, Cristián Pliscoff, Alberto Precht, Enrique Rajevic, Claudio Reyes, Cristián Rodríguez Chiffelle, Francisco Saffie, Juan Carlos Said, Maximiliano Santa Cruz, Christoph Schiess, Marcos Singer, Juan Pablo Swett, Rodrigo Valdés, Jeannette von Wolfersdorff, Rodrigo Wagner y Mario Waissbluth.
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En estos días se remeció el escenario mundial por la filtración de los Pandora Papers. En el plano internacional, este y otros casos han incentivado avanzar en iniciativas que fortalezcan la prevención y persecución de dos tipos de delitos que pueden estar relacionados con flujos financieros ilícitos: el blanqueo de capitales proveniente de actividades criminales y la elusión y evasión de impuestos. Entre las iniciativas más importantes está el acuerdo para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios (conocido por su acrónimo en inglés, BEPS) y una tasa mínima de impuesto corporativo.
La investigación también es una gran muestra de colaboración a favor de mayor probidad, y abre una gran oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y crear registros de Beneficiarios Finales en cada país que todavía carece de la regulación adecuada.
Un Registro Público de Beneficiarios Finales es una condición sine qua non en el ámbito internacional, para intercambiar información financiera y legal con otros países según un estándar común, y así acotar las inversiones internacionales que eluden las legislaciones nacionales para blanquear capitales o cometer fraude al Fisco. Se trata de un estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que está en el centro de las normas internacionales de transparencia tributaria, basado en recomendaciones del Gafi (Grupo Acción Financiera Internacional).
En el ámbito nacional, es una herramienta que fortalecería el trabajo de instituciones públicas como la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión para el Mercado Financiero y ChileCompra, entre otras. Además de mejorar la persecución y prevención de delitos -como el narcotráfico, la venta y compra de armas, la corrupción, la evasión de impuestos y la colusión en licitaciones públicas- incentiva el buen comportamiento de los actores del mercado en general, informa mejor a los inversionistas internacionales y permite un monitoreo más preciso de la concentración económica en las distintas industrias. Se trata de una herramienta esencialmente preventiva.
Varios países de América Latina, como Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica y República Dominicana, ya tienen normativas en etapa de implementación para crear y mantener registros de Beneficiarios Finales. Chile, en cambio, carece de la regulación respectiva, lo que genera problemas de transparencia, facilita la colusión, crea riesgos de corrupción y dificulta la prevención de la evasión tributaria. También es preocupante que recientemente, en septiembre del 2021, Chile recibió un informe evaluador internacional del GAFI que mostró el incumplimiento de nuestro país con este estándar internacional.
Aun así, nuestro país ha hecho esfuerzos para avanzar en la creación de un registro de Beneficiarios Finales. De hecho, la propia UAF ha liderado un compromiso dentro del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, que implicó construir colaborativamente, bajo el estándar de la Ocde, una propuesta para la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de empresas, en que participaron instituciones como el SII, ChileCompra, Chile Transparente y el Observatorio Fiscal. La UAF ya sometió su trabajo a una consulta pública, y subió una propuesta conceptual de registro en su sitio web, en diciembre del 2020. Adicionalmente, en abril de 2021 la OCDE entregó un reporte de “asistencia técnica” al gobierno de Chile para apoyar la implementación del estándar.
Hacemos un llamado constructivo a la acción para que todas las autoridades den prioridad a esta iniciativa, que lleva años sin avances concretos, y que muestran a nuestro país en incumplimiento frente a estándares importantes en el plano internacional, en un ámbito que además se alinea claramente con prevenir abusos que nuestra sociedad ha rechazado tajantemente en el último tiempo. Al relevar la importancia de tener registros de Beneficiarios Finales, los Pandora Papers abren una ventana de oportunidad para fortalecer nuestra institucionalidad en materia de probidad. Todos los abajo firmantes estamos disponibles a colaborar para lograr este objetivo.
Si conoces a algún parlamentario, te rogamos que se lo informes y le pidas su colaboración. Empresarios: apóyenlo en su propio beneficio, para comenzar a disipar las malas «vibras» que algunas conductas colusivas y fraudulentas han generado.
Reenvía este texto, te lo pedimos 42 especialistas en reforma del estado y/o empresarios.